El derecho de huelga viene contemplado en el artículo 28 de la Constitución con el siguiente texto: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. El hecho, imputable a todos los responsables legislativos, de estar cuarenta años después sin esa Ley que deba regular el ejercicio de este Derecho Fundamental, lleva a muchos a pensar que lo que la Carta Magna legitima es el derecho al chantaje, y nada más lejos de la realidad. Ningún derecho es absoluto, ni siquiera el derecho de huelga.

Que no exista la Ley Orgánica que lo regule, obliga a tener que referirnos al manoseado Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones del trabajo, por un lado, y a la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, por otro, lo que perjudica la interpretación, pudiendo hacer creer a muchos que el Derecho a Huelga viene con una barra libre sindical bajo el brazo. Esta creencia suele llevar a considerar cualquier acción  como de esquirolaje o violación del derecho en cuestión.

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