Una de las primeras cosas que ha dicho la flamante Ministra de Administraciones Públicas es que hay reformar la Constitución para dar encaje al Estatuto de 2005. Entiendo que cuando llegas al poder mediante una moción de censura con el apoyo de los “creadores” de esa bestia jurídica, te sientas en la necesidad de contentarlos, pero no puede ser, nunca, a costa de modificar las reglas de juego y de apagar los cortafuegos que hasta ahora tiene el Estado de Derecho frente a las agresiones independentistas. Hay peajes que, sencillamente, un gobierno que aspire a seguir siendo de todos no puede ni debe pagar, pero es que, además, hay errores que por ser tan manifiestos, no se deberían volver a cometer.

No obstante, en este caso estamos a su entera merced. Pesa más el ansia de poder de quien no gana unas elecciones ni a tiros, que la sensatez a la hora de ejercer un cargo como el de Presidente del Gobierno que representa a cuarenta y siete millones de habitantes, de los cuales, solo siete millones y medio son catalanes.

La reforma constitucional, vaya por delante, es total y absolutamente legítima si se hace siguiendo los procedimientos previstos en el Título X, artículos 167 a 169. Y lo es absolutamente para todo, no tiene más límites que los que se quieran poner.

El Estatuto de 2005, históricamente desde el PSOE y la Izquierda en general, se ha considerado injustamente modificado por “culpa” de un Partido Popular sectario, pero la realidad es que lo único que hizo el Mariano Rajoy y los Diputados que suscribieron el recurso, fue defender el Estado de Derecho, y como se vería el año pasado, impedir que nos quedáramos sin las armas para poder hacer frente al desafío independentista.

El Estatuto contemplaba entre otras muchas cosas, algunas inocuas como definirse nación en el preámbulo que, puede tener mucho valor simbólico y sentimental pero que, como también deja claro la sentencia, no tiene valor constitutivo de un sujeto de derecho, pues como tal solo existe una nación, España. Pero, además de lo que sirve para levantar el ánimo, y nada más, nos encontramos con auténticas agresiones a la integridad nacional como romper la unidad del sistema judicial, la obligatoriedad del Catalán, y su preferencia sobre el Castellano, una Hacienda Pública catalana o, como no, el Derecho a realizar un referéndum . El Estatuto, en la redacción que le habían dado, nunca puede ser un lugar de encuentro pues lo que pretende, precisamente, es romper las costuras que nos unen a unos y a otros. Ellos plantearon el estatuto de Autonomía como el primer escalón para la independencia, no como el ultimo.

La Sentencia recuerda lo dicho hasta la saciedad por el Constitucional, España y Cataluña nunca pueden relacionarse en margen de igualdad (STC 4/1981) y es que recuerda la 31/2010 que “la parte solo puede relacionarse con el todo en términos de integración y no de alteralidad” FFJJ 13, 22 y 24. Esta pretendida posición negociadora de tú a tú que pretende tener Torra, y sirva para el resto de Comunidades, nunca la puede dar el Estado pues, ni Cataluña es más que Galicia, ni es lo mismo que España.

La STC 31/2010 fue clara y estableció coto a los desmanes que, de haberse permitido como siempre ha defendido el socialismo, hubieran hecho imparable el proceso soberanista. Sería imposible de parar una desconexión si la Hacienda está separada y cuentan con un Poder judicial propio. Sería imposible mantener la afección a España cuando la Lengua preferente es el catalán, y se tiene, además, el deber de usarla, y sobre todo, aunque la autodetermianción siguiera siendo imposible por el art. 2 CE, tendríamos consultas “legales” anuales de forma anual, porque si estando prohibido, llevan dos en cuatro años, es fácil imaginar que sucedería si encima pueden autorizarlos ellos.

De permitirse el Estatuto, se estaría dando carta blanca a crear un Estado dentro de otro Estado, y a la larga, eso termina en dos Estados, no en uno más fuerte como nos quieren hacer creer.

Pero como estamos en un Estado de Derecho, es posible que tengan todo lo que quieren, pero es necesario modificar la Constitución o se repetiría la Sentencia del Constitucional. Ahí entra el PSOE y Meritxell, y ahí lo tendrán difícil, no solo por el apoyo parlamentario que podrán sumar 180 Diputados, sino que, a la hora del referéndum, bien porque se modifiquen por el agravado, bien porque lo soliciten un 10% de los Diputados en el caso del procedimiento ordinario, los españoles, sean asturianos, gallegos o castellano manchegos, tengo claro que defenderán sus derechos porque no tienen que pagar el peaje de entrada a La Moncloa ni le deben la presidencia a diputados como Gabriel Rufian que rechaza a España, pero solo hasta el día 25 de cada mes que cobra su nómina.

Reformar la Constitución, en mi opinión, nos hace débiles frente al desafío independentista, nos pone a su merced y se les manda el mensaje de que pueden hacerlo, porque se lo merecen. Que Pedro Sánchez tenga que pagar ese peaje por su manifiesta incompetencia para convencer a los españoles en las urnas, no debería lastrar el futuro de todos. Si no se tiene responsabilidad, al menos debería tener miedo a perder las elecciones por mucho gobierno de diseño que haya formado.