El título no es casual, y no se refiere en exclusiva a la incapacidad de este señor para representar a nadie que no sea a sí mismo, por sus opiniones xenófobas, racistas y propias de los pasados años 30. La nulidad de este señor, insisto, no viene solo de su incapacidad para liderar un gobierno que una en lugar de continuar con la fractura, sino que proviene de que, en su exceso de originalidad, el acto de su toma de posesión, desde un punto de vista exclusivamente jurídico, es nulo de pleno derecho.

El señor Torra al repetir la fórmula del fugado Puigdemont ha repetido sus mismos errores. El 10º presidente de Cataluña (lo de ser el 131º la Associació d’Historiadors de Catalunya lo desmiente) tomó posesión de su cargo con la fórmula: “Prometo cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad al pueblo de Cataluña representado en el Parlament”, evitando cualquier referencia a cumplir la Constitución. Por lo visto siguen negando que es la propia constitución la que legitima su existencia.

Existen dos variedades de nulidad. La nulidad radical o de pleno derecho es el supuesto más grave frente a la nulidad relativa que presenta caracteres más flexibles, entre ellos, la posibilidad de ser convalidada y que la disposición o acto es nulo desde el momento en que se declara (nulidad ex nunc).

La nulidad de pleno derecho, por el contrario, es el supuesto más grave. Se puede definir, siguiendo el diccionario jurídico de la RAE, como: “Grado máximo de invalidez del acto administrativo, que tiene lugar en supuestos excepcionales y expresamente previstos por la ley”. La acción de nulidad es imprescriptible (con matices, no se sana con el paso del tiempo), puede ser apreciada de oficio (es una cuestión de interés público que debe ser apreciada directamente por un Tribunal), no es convalidado por el consentimiento del afectado, y es nulo desde el inicio como si nunca hubiera existido (nulidad ex tunc).

Las causas por las que un acto administrativo es nulo de pleno derecho se encuentran en el art. 47 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Establece el artículo:

1.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

[…]

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados

[…]

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General, establece en el artículo 108.8: “En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos.” y en la DA 1ª: “En aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del Título I de esta Ley Orgánica: 1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 50.1, 2 y 3; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152″.

Pues bien, el señor Torra, como en 2016 hiciera el señor Puigdemont, al tomar posesión no hizo ninguna mención expresa a la obligación de acatar la Constitución, y eso que lo tenían fácil pues, si bien la obligación de manifestar el acatamiento constitucional está amparada según la STC 74/1991 FJ 2º al establecer que “la licitud constitucional de la exigencia de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución -que no viene, sin embargo, impuesta por ésta- como requisito para el acceso a los cargos y funciones públicos, e incluso sobre la suficiencia de los Reglamentos parlamentarios para imponerla”, también establece que es lícito establecer un “exagerado ritualismo que dificulte irrazonablemente el acceso al pleno ejercicio del cargo”. No tenían ni que jurar ni prometer, pudiendo repetir la fórmula que empleaban Diputados de la extinta HB, como Patxi Idígoras o el Ángel Alcalde, que la acataban con la fórmula “por imperativo legal, si, prometo”.

El nombramiento publicado en el BOE como RD 291/2018, en mi opinión, debería ser recurrido pues se está incurriendo en una clara y manifiesta ilegalidad, y además, parece que se intente dejar claro que el Presidente de la Generalitat solo tiene el deber de representar los intereses del pueblo de Cataluña, con independencia de si estos se mantienen dentro del orden constitucional o no.

Por otro lado, además de restaurar la legalidad, la nulidad del presidente títere comportaría la prórroga del 155, pues este está en vigor hasta que tome posesión el nuevo gobierno, e implica una posesión legal.

Con la investidura de Puigdemont se cometió el error, demasiado habitual en estos tiempos, de ir por la vía penal. Se utiliza el sistema punitivo por ser más llamativo, pero no toda irregular es delito, y eso conlleva a que ni se condene, ni se anulen por no ser competentes. No fue declarada válida como publicó en su día la prensa, sino solo, y como es lógico por no ser competente la jurisdicción penal, se consideró que no era delictiva sin perjuicio de que no fuera válida a los ojos de la jurisdicción Contencioso – Administrativa. Se preocuparon más de un titular de prensa que de conseguir algo útil y práctico como la nulidad de la presidencia.

El destino, o la creencia de sentirse impunes, han hecho que el independentismo nos de otra oportunidad de dejar claro que jurar o prometer cumplir la Constitución, aunque sea por imperativo legal, no es opcional ni voluntario.