El derecho de huelga viene contemplado en el artículo 28 de la Constitución con el siguiente texto: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. El hecho, imputable a todos los responsables legislativos, de estar cuarenta años después sin esa Ley que deba regular el ejercicio de este Derecho Fundamental, lleva a muchos a pensar que lo que la Carta Magna legitima es el derecho al chantaje, y nada más lejos de la realidad. Ningún derecho es absoluto, ni siquiera el derecho de huelga.

Que no exista la Ley Orgánica que lo regule, obliga a tener que referirnos al manoseado Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones del trabajo, por un lado, y a la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, por otro, lo que perjudica la interpretación, pudiendo hacer creer a muchos que el Derecho a Huelga viene con una barra libre sindical bajo el brazo. Esta creencia suele llevar a considerar cualquier acción  como de esquirolaje o violación del derecho en cuestión.

El esquirolaje prohibido (por usar la palabra más de moda entre la izquierda patria), según la jurisprudencia y la Ley, es tanto el externo (contratación de trabajadores ajenos por parte de la empresa para realizar tareas de los huelguistas, artículo 6.5 RD 17/1977); como el interno (trabajadores de la propia empresa que son enviados a suplir las tareas de los huelguistas STC 123/1992, de 28 de septiembre). Estas prohibiciones o límites, se entienden tan lógicas, como necesarias para salvaguardar la eficacia del derecho a huelga, ya que sin ellas, el empresario no sufriría perjuicio alguno y nunca se vería impelido a negociar. La empresa con la que se busca alcanzar un acuerdo, se entiende que tiene que sufrir algún perjuicio por causa de la huelga, ahora bien, ni ese perjuicio puede ser ilimitado ni extenderse a terceros que nada tienen que ver en la relación laboral conflictiva.

Pero no solo hay límites para el empresario. En el Real Decreto, en su artículo 10, declarado inconstitucional por la STC 11/1981 solo para la parte en la que impone la reanudación del trabajo, se faculta al gobierno para que en el caso de huelgas en “empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad”, y siempre que “concurran circunstancias de especial gravedad“, se tomen las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios. Esto, y no otra cosa, es lo que ha hecho el gobierno con la Guardia Civil, sin olvidar, que aunque se externalice un servicio o se busque auxilio en empresas privadas, la responsabilidad de la seguridad es responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Negar que la seguridad aeroportuaria en la segunda ciudad de España, y una de las más importantes de Europa, con múltiples escalas de vuelos, no es un servicio esencial a garantizar; así como que la ausencia de controles, o el retraso, no supone una situación de extrema necesidad, es como mínimo, una necedad. Viniendo del PSOE que lo llevó a cabo en los aeropuertos de Palma de Mallorca en 2007 (huelga de la empresa de seguridad Tablisa ), y en los aeropuertos canarios (huelga de Atlántica de Handling) un año antes, en 2006, supone, además, un insulto a la memoria de los españoles, una actitud irresponsable y desleal.

La seguridad, estando en alerta 4 antiterrorista, tiene que ser máxima y no depender de unos trabajadores que, ejerciendo su derecho legítimo a la huelga, trabajan y mantienen una relación laboral con una empresa subcontratada.

Este hecho: empresa contratada por otra para la prestación de un servicio, también cobra importancia a la hora de analizar la situación creada.

En fechas más o menos recientes el Tribunal Supremo ha fallado a favor de una empresa que sustituyó las labores de una con trabajadores en huelga por otra con la que no existe más vinculación que una relación contractual de prestación de servicios. El alto Tribunal, en el FJ 3º afirmó: “si se impidiese a los destinatarios de los trabajos, que no lo tengan prohibido por contrato, contratar con otras, llegaríamos a sostener, como señala en su informe el Fiscal de la Audiencia Nacional, que los consumidores habituales de un comercio no pudieran comprar en otro, en caso de huelga en el primero, o que, la empresa que tenga que realizar determinados trabajos no pudiera recurrir a otra empresa de servicios”.

En este sentido, los huelguistas mantienen una relación laboral con EULEN, y esta empresa, a su vez, un contrato con AENA, pero no existe vinculación entre las dos fuera de ese contrato de prestación de servicios. Es más, una empresa que externaliza un servicio o función, no está obligada a negociar con los trabajadores de la subcontrata. En este sentido se manifestó el Supremo (STS 41/2017, de 23 de enero) a raíz de una huelga en las subcontratas de Telefónica de 51 días, en la que intentaron culpar a la compañía principal de no querer negociar, y donde se desestimó el recurso del sindicato utilizando el Tribunal, entre otros argumentos, el más repetido en sentencias anteriores: “no puede entenderse que la empresa estuviera obligada en los términos del artículo 8.2 del RDL 17/1997 a mantener reuniones con el Comité de huelga, pues no podía negociar ni llegar a un acuerdo sobre las reivindicaciones de trabajadores pertenecientes a otras empresas, sin que hayan sido ni siquiera convocadas las empresas contratadas y subcontratadas a las que pertenecían los trabajadores en huelga” (FJ 2º).

Si AENA no está obligada a sentarse a negociar, aunque lo ha hecho de buena fe buscando una salida al conflicto, entonces tampoco se le debería hacer responsable de la mayor o menor duración de la huelga, y ni mucho menos, condenarla a sufrir las consecuencias de ella.

Los trabajadores han de negociar con su empresa, y si no están de acuerdo, mantener la huelga contra ella (es su legítima decisión), pero no pueden impedir, al ser un servicio esencial y el perjuicio de su no prestación grave, que el Estado intervenga, ni pretender, al no existir otra vinculación entre EULEN y AENA que un contrato de prestación de servicios, sea esta última la que solucione los problemas que la huelga le causa, por el simple hecho de ser pública y haber contratado el servicio.

¿Si en lugar de AENA el contrato es con una empresa privada cualquiera estaríamos así? Evidentemente, no.